Se aprobó el proyecto de ley que permite la venta del Edificio del Plata y
accede al traspaso de la sede del Gobierno de la Ciudad al “sur de la Ciudad de
Buenos Aires”.
El jueves por la noche, se
sancionó un paquete de leyes en la legislatura porteña. Entre ellas, el
traspaso de la sede del Gobierno de la Ciudad junto con todos los ministerios y
la venta del Edificio del Plata (actual centro de las oficinas del
Gobierno de la CABA).
Si bien esta es una idea
originaria del PRO, a la hora de sancionar el proyecto contó con 40 votos a
favor y 3 en contra (Rubén Campos, Claudio Presman –
ambos UCR- y María José Lubertino –FPV-). La legisladora
porteña fue la única del Frente Para la Victoria que se opuso y en una entrevista aseguró: “Que se detenga la obra
depende de la Justicia, hay dos amparos y yo he presentado un proyecto de salud
para no solamente poner en valor el viejo Borda sino que si hay que
refuncionalizar las casas de medio camino y con los propios pacientes. Se puede
hacer la activación sin comerle terrenos a un espacio de la salud mental”.
La aprobación de este proyecto
desemboca en la construcción del Centro Cívico en el barrio de Barracas,
precisamente en las manzanas que ocupan los hospitales sobre la Calle Dr. Ramón Carrillo.
Ahora, la oposición sale a justificar su voto, sin embargo, todos sabían que el macrismo tenía en la mira los terrenos del Borda, el Moyano
y el Rawson; como
es el caso de Gabriela Cerruti: “Votamos que la administración
de la Ciudad se traslade al sur pero que no se haga el Centro Cívico en el
Borda”.
Dos días antes de que se apruebe
el proyecto de ley, la jueza Patricia López Vergara, a cargo del Juzgado N° 6
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, había decretado que
las empresas que habían ganado la licitación no actuaran sobre los terrenos del
hospital, ya que este es considerado, desde 1999, un Monumento Histórico
Nacional. Las tierras no podían ser intervenidas hasta que el organismo
correspondiente, la Comisión Nacional de Museos, dé su aprobación. Otras de las
justificaciones por las que la jueza dictaminó que no se realizaran ningún tipo
de construcción es que, debajo de la porción de tierra en disputa, hay un
yacimiento arqueológico. Si bien el Gobierno de la Ciudad estaba al tanto de
esto, se justificaron diciendo que le habían otorgado la responsabilidad al
contratista de entregar todos los objetos de valor que se encuentren.
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